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"Posted on 28 noviembre 2012 by Francisco Javier Zudaire
La justicia, más cara que ciega
Más vale dejarlo claro: la justicia nunca ha sido gratis, se ha pagado toda la vida con los impuestos. Lo que ocurre ahora es que la pagaremos dos veces, como las autopistas, la sanidad… Por lo demás, nada nuevo, la factura es para los mismos de siempre.
La justicia -no se merece la mayúscula- se está poniendo como las angulas, por las nubes, tiene ya un precio alto, un impedimento que califica de ciudadanos de segunda a quienes carecen de posibles. Las nuevas tasas -jurisdicción penal al margen- instauran la injusticia de la justicia: todo aquel que presente una demanda por lo civil tendrá que pagar, se pierda o se gane el contencioso.
A veces -muchas más que dos- parece que estamos gobernados por cuatro hijos de la gran chingada -digo, parece, señores querellantes, no se hagan ilusiones-, pero, si es preciso ser sincero, ésa es la conclusión mejor ajustada a los hechos. Y no son semilla de comino. Tan cortos no pueden ser quienes ostentan el poder. La apoltronada ineptitud y mala baba terminan por ser adornos genéricos, genuinos y hasta genéticos en los gobernantes, y difícilmente transcurre media legislatura -no importa el nombre del titular- sin que florezcan con fuerza; da la impresión de que se hacen las cosas por joder, sin el más mínimo criterio, sin reflexión…, hueras de sentido común.
Con la nueva ley de tasas, este país desbarata en buena parte el sagrado principio de la justicia, que debe arrancar desde la base inequívoca de repartirla con equidad y, obviamente, de manera justa. Garantizar a los ciudadanos la protección en los tribunales, ante la ley y con la ley, no puede ser un lujo al alcance de los privilegiados, sino que ha de ser un derecho inalienable, universal y de acceso llano. O eso es así o estamos instalados en una gran mierda eufemística llamada Estado de Derecho.
Resulta increíble que el déficit económico de la justicia y su monumental atasco se quieran solventar mediante unas tasas fiscales que servirán de filtro para que sólo puedan ser atendidos quienes tengan el suficiente poder adquisitivo. El esperpento de esa ofensiva se dibuja perfectamente con un ejemplo práctico: recurrir una multa de tráfico por importe inferior a 100 euros exigirá el pago de una tasa de 200 euros. No hablemos de asuntos judiciales de mayor calado, donde un ciudadano puede jugarse su futuro, que quedaría a merced de su economía y no, como debiera ser, pendiente de un fallo judicial. Podríamos citar los despidos, los accidentes con graves lesiones, herencias…, un sinfín de casos donde reclamar justicia se traducía hasta ahora en una práctica normalizada y sin más trabas económicas.
(En el caso de un ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y lesiones, a consecuencia de un accidente de tráfico, e interpone una demanda de 1.300.000 euros entre lesiones, secuelas, invalidez… pagaría en primera instancia 300 euros de tasa fija, a la que habría que sumar un 0,50% por ser una cuantía de hasta un millón de euros, más un 0,25% por exceder también esa cantidad. En total 6.050 euros. Si hubiese que apelar serían 800 euros, más el 0,5%, más el 0,25%, lo que supondría 6.550 euros). Esta explicación ha sido publicada en la prensa.
Contra ese filtro -mejor, impedimento- de las tasas judiciales, instaurado por el actual Gobierno -del ministro, ni hablo, morcilla para los correveidiles- se han pronunciado la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que algo sabrán, y se han opuesto a este afán recaudatorio más propio de la rapiña que de la voluntad de impartir justicia. De hecho, la nueva ley de tasas considera a los reclamantes unos caprichosos que deben pagar por el vicio de pedir justicia. Al incidirse particularmente en los asuntos sociales, es como decir que ya podemos darnos todos por emplumados (este participio se puede cambiar a voluntad, seguro que se les ocurre uno mejor, más aparente y mejor empopado).
Después de los recortes aplicados en derechos fundamentales como la sanidad o la educación, se dificulta el acceso a la justicia de los más débiles económicamente…, con el objetivo de aligerar el atasco en los juzgados y recaudar fondos para limar el déficit acumulado. Ése es el principal argumento, arrojar a la gente en sus propias narices el ansia supuestamente desmedida de obtener justicia y hacerlo mediante una grandísima injusticia que pone precio a un derecho irrenunciable. Es como cerrar los quirófanos para evitar las listas de espera o acabar con las listas del paro echando la persiana del Inem. Demencial, pero más vale no airear este tipo de ideas…, serían capaces.
Y el supositorio final, sin vaselinas ni contemplaciones: quedan exentos de pagar la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autonómas. Caraduras que son. Los Pensionistas y trabajadores que quieran eludir las tasas tendrán que mostrar y demostrar que sus bolsillos están vacíos.
No hay dinero, aseguran, pero la impresión es que la carencia más grave no se refiere a los euros sino a la vergüenza.
(Gracias por la visita, regreso el domingo)
(*) No hay animus iniuriandi y sólo se apela a los idiotas porque somos mayoría y, así, el blog cobra etiqueta universal"
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